La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con la que se busca homologar la definición, investigación y sanción de este delito en todo el país.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual aprobación. Entre sus principales disposiciones contempla establecer una pena de 50 a 70 años de prisión, unificar los criterios para acreditar las razones de género y obligar a que las investigaciones se realicen con perspectiva de género y mediante protocolos especializados.
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que la iniciativa forma parte de las acciones de su gobierno para proteger a las mujeres y combatir la impunidad.
“Como mujer presidenta, asumí la responsabilidad de proteger a las mujeres de la violencia. La peor forma de discriminación y trato indigno hacia una mujer es el feminicidio, que es quitarle la vida por el simple hecho de ser mujer”, expresó.
La iniciativa establece que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Para identificar estas circunstancias se considerarán, entre otros elementos, la existencia de violencia sexual, antecedentes de agresiones contra la víctima, estereotipos o prejuicios de género y contextos de desigualdad o asimetría de poder.
También contempla 19 circunstancias agravantes que podrían incrementar las sanciones, entre ellas que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, esté embarazada, viva con alguna discapacidad o sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
Las agravantes incluirían además los casos en los que el delito sea cometido por una persona servidora pública o cuando la víctima presente lesiones provocadas mediante ácido, sustancias químicas o materiales inflamables.
Además de la pena de prisión, las personas responsables podrían perder derechos sucesorios, la patria potestad, tutela, curatela, guarda y custodia. Cuando se trate de servidores públicos, la propuesta establece la destitución e inhabilitación para ocupar cargos.
La iniciativa plantea que el feminicidio, sus sanciones y la reparación del daño sean imprescriptibles. También prohíbe la aplicación de excusas absolutorias, atenuantes, criterios de oportunidad, conmutaciones de pena, libertad condicionada y amnistías.
En materia de investigación, se propone que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, además de analizar posibles antecedentes de violencia y evitar prejuicios o estereotipos de género durante las indagatorias.
Cada entidad federativa deberá contar con una fiscalía especializada en feminicidio. La propuesta también reconoce derechos para las víctimas directas e indirectas, como atención médica y psicológica de urgencia, asesoría jurídica gratuita, acompañamiento para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, entrega digna de los cuerpos y servicios de traducción e interpretación para integrantes de pueblos indígenas.
La iniciativa deberá ser discutida y aprobada por el Congreso de la Unión antes de entrar en vigor.
