Texto publicado en colaboración con el área de Difusión del Colegio de Sonora.
Por: Dra. Claudia Esthela Espinoza Cid
El 12 de julio: Día de la Abogada y del Abogado, suele llenarse de discursos y felicitaciones. Sin embargo, la sociología jurídica enseña que las efemérides pueden fungir como llamadas de atención ante la realidad. En Sonora, ejercer el derecho exige superar el pensamiento ingenuo de que un problema se resolverá solo porque “ya se legisló”. Las leyes no son la meta, son punto de partida ante un entorno digital que configura nuevos conflictos humanos y demandas de justicia.
La Ley Olimpia obligó a reconocer que lo virtual es real: estas agresiones dañan tanto como un golpe físico. Pero el problema en las fiscalías es de raíz. No se solucionará incrementando presupuestos o capacitando peritos mientras persista la resistencia de agentes que no entienden que el ciberespacio seguro para mujeres y niñas es un asunto de democracia elemental. A esto se suma el dilema de la evidencia: al exigirles teléfonos o contraseñas, el sistema no garantiza su privacidad, exponiéndoles a filtraciones mediáticas sin consecuencias legales.
Según el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2024 del INEGI, el ciberacoso en Sonora afecta a 18.6% de usuarias de Internet, blanco principal de ciberviolencia sexual. Litigar con perspectiva de género es obligado para evitar que su paso por ministerios públicos sea otra agresión. Si bien denunciar es la vía objetiva en un Estado de derecho, la abogacía no puede limitarse a repetir el discurso de “denuncia”. El acompañamiento legal debe evitar el abandono de casos ante trabas burocráticas y romper el espejismo punitivo de que basta con aumentar penas. Una práctica humanista debe escuchar a la víctima y buscar reparación integral del daño.
Un análisis integral exige ver que el ciberacoso alcanzó a 18% de los hombres, manifestándose en extorsión, hackeo de cuentas, amenazas directas y contacto bajo identidades. Aquí la empatía del gremio es puesta a prueba frente a mandatos de masculinidad que silencian al varón por temor a burlas. Sin embargo, hay que tener claridad ante los sesgos actuales: es absurdo usar estas cifras en foros públicos para atacar los derechos de las mujeres, ignorando que la mayoría de ciberdelitos son cometidos por hombres contra otros hombres y contra mujeres. Ciertas mujeres también agreden y desde luego debe actuarse. Una abogacía humanista debería desmontar prejuicios machistas que callan a los varones agredidos, así como sesgos sistemáticos contra las mujeres.
Tal realidad demanda una formación más allá de memorizar códigos. Los centros de investigación y posgrado son cruciales para aportar herramientas que conecten las normas jurídicas con la vida cotidiana. El compromiso de las nuevas generaciones debe estar en superar el formalismo legalista y construir una justicia que proteja con firmeza a las mujeres, y con la misma seriedad y empatía, a los hombres vulnerados en Internet. Debemos redoblar esfuerzos para formarnos en lo científico y humano porque el derecho sólo tendrá sentido si salvaguarda la dignidad humana.
