De Alejandro Valenzuela/ Vícam Switch
En México, lo más fácil es usar el sistema de justicia para intimidar, extorsionar o perjudicar a alguien. Basta interponer una denuncia sin pruebas para que un fiscal, que quiere justificar trabajo, la tome como propia y que un juez, que no quiere revisar expedientes, te vincule a proceso o que, incluso, te dicte prisión preventiva (ese mecanismo que tiene las cárceles llenas de inocentes porque en México se siembran más evidencias que maíz). Ya en el juzgado, no vale eso de que el acusado es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. En la realidad, el propio acusado tiene que demostrar que es inocente.
Lo sé de cierto porque en febrero de este año fui sometido a proceso penal por la larga lucha que hemos dado por la recuperación del área verde del Residencial Sacramento, en Hermosillo, Sonora. Como no podían decir la verdad, me inventaron los delitos de daño en propiedad ajena y amenazas.
Como se trata de un intento de intimidación, ayer, 29 de junio, mi hijo también fue vinculado a proceso por un juez que ignoró la ausencia de pruebas y le bastaron los dichos del acusador.
Lo curioso del caso es a diferencia del primer acusador, que es un sujeto relacionado con los dueños de la constructora de Sacramento, el acusador de mi hijo es funcionario del ayuntamiento, institución que ¡coincidentemente! está demandada ante tribunales por la Unión de Vecinos de Sacramento.
En 1986, el ayuntamiento de Hermosillo, para consumar el despojo, violó su propio Reglamento Municipal, la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de Sonora, que expresamente prohibían la enajenación y transferencia de las áreas verdes. Pasándose la ley por el arco de la impunidad, “vendiendo” por una “mordida” de 15 mil pesos un lote cuyo precio actual está por encima de los 25 millones de pesos. No estamos acusando en falso: la operación quedó registrada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de fecha del 10 de septiembre de 1987 y tenemos una carta firmada y sellada por el ayuntamiento donde se reconoce que no se realizó la obligada reunión de cabildo para realizar la ilegal transferencia.
Las demandas penales en contra de mi hijo en contra mía (burdos intentos de intimidación) parecen desvinculadas una de otra, pero los vínculos son evidentes. Se trata de lo de siempre: si quieres vivir tranquilo, no te metas con los poderosos, que siempre son los delincuentes, los ricos y los políticos (no importa del partido que sean).
Mientras mi hijo yo estamos siendo enjuiciados, los políticos del ayuntamiento andan tras un nuevo puesto (quieren seguir sacrificándose por la patria y por el pueblo) y los despojadores construyen en nuestra área verde muy quitados de la pena, a pesar de la suspensión definitiva (¡fíjese usted!, quesque definitiva) que nos otorgó un juez federal.
No hace falta un nuevo sistema de justicia ni hacen falta más leyes. Hace falta que los encargados de procurar e impartir justicia (políticos, policías, fiscales y jueces) dejen la desidia y la corrupción y actúen con responsabilidad y honestidad.
Publicado originalmente en: https://www.facebook.com/alejandro.valenzuela.7921
