CUANDO EL ESTADO REGULA LA AUTONOMÍA: LOS PUEBLOS NO NECESITAMOS PERMISO PARA EXISTIR
Una mirada desde el Sur Global frente a la nueva iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en México.
Hay momentos en que una ley no debe ser leída solamente por lo que promete, sino por aquello que deja intacto, por aquello que administra y, sobre todo, por el poder que conserva en manos del Estado.
La nueva iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos aparece en un momento en que el gobierno mexicano presenta como una transformación histórica el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público. Sin embargo, reconocer jurídicamente a los pueblos mientras se conserva la capacidad del Estado para determinar quién es pueblo, quién puede ejercer determinados derechos, cómo debe organizarse, bajo qué procedimientos puede ser reconocido y cuáles de sus decisiones pueden producir efectos jurídicos, está usando un derecho colectivo en una concesión administrativa.
Y ahí está el problema fundamental; la autonomía no puede depender de una ventanilla. La autodeterminación no puede quedar subordinada a un registro. La existencia de un pueblo no comienza cuando una institución decide reconocerla.
Los pueblos existían antes que las fronteras nacionales, antes que las constituciones y antes que las instituciones encargadas de administrar la política indígena. Sus sistemas normativos, autoridades, territorios, lenguas, formas de organización, conocimientos y relaciones con la naturaleza no son creaciones del Estado.
Por eso, una legislación verdaderamente transformadora debería partir de una pregunta distinta: ¿cómo puede el Estado dejar de obstaculizar la libre determinación de los pueblos?
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No de cómo puede administrar esa autonomía.
El territorio es el punto donde todas las promesas se ponen a prueba
No existe autonomía real sin territorio.
No hablamos solamente de una superficie delimitada en un mapa ni de un régimen de propiedad. Hablamos del espacio donde se reproduce la vida: agua, bosques, semillas, montañas, costas, ríos, lugares ceremoniales, sistemas alimentarios, memoria, lengua, espiritualidad, trabajo comunitario y formas propias de decidir.
En México, precisamente ahí aparece una de las mayores contradicciones.
Mientras el discurso institucional habla de autonomía, bienestar, derechos colectivos y sujetos de derecho público, las estructuras jurídicas que permiten disponer de tierras, agua, minerales, bosques, energía y otros bienes permanecen profundamente atravesadas por una lógica de control estatal y mercantilización.
La discusión no puede encerrarse en el artículo 2 constitucional.
El territorio atraviesa el artículo 27, la legislación agraria, minera, energética, ambiental, hídrica, forestal, de inversión y las normas que permiten desarrollar megaproyectos.
Por eso resulta insuficiente reconocer derechos en un cuerpo legislativo si, al mismo tiempo, se mantienen intactas las estructuras que permiten que una empresa, una institución pública o un proyecto considerado estratégico termine teniendo mayor capacidad de decisión sobre un territorio que quienes lo habitan.
Una autonomía sin territorio es solamente una palabra.
Una consulta sin capacidad de detener una imposición es solamente un procedimiento.
Y una indemnización después del despojo no constituye justicia.
La consulta no puede convertirse en la administración del consentimiento
El debate sobre esta iniciativa ocurre, además, en medio de una larga historia de consultas que han sido utilizadas para intentar resolver conflictos que en realidad nacieron mucho antes: proyectos ya diseñados, inversiones comprometidas, permisos otorgados, decisiones tomadas y territorios considerados disponibles para el desarrollo.
La pregunta no debería ser únicamente si los pueblos fueron escuchados.
La pregunta es qué poder conserva el pueblo después de haber hablado.
El estándar internacional del consentimiento libre, previo e informado parte precisamente de que la decisión debe ser comunitaria, libre de coerción, anterior a la autorización o ejecución del proyecto y sustentada en información suficiente.
El problema aparece cuando la consulta se convierte en una ceremonia institucional: se informa, se reciben opiniones, se levantan actas y posteriormente el proyecto continúa.
En ese modelo, la participación se convierte en una etapa administrativa del despojo.
Los pueblos no necesitan al Estado para que les enseñe a deliberar. En todo caso, solo debería limitarse a respetar aquello que hayan decidido mediante sus propias instituciones, procedimientos y formas de organización.
No queremos ser consultados sobre cómo administrar nuestro despojo. Queremos decidir sobre nuestros territorios y sobre nuestro futuro.
El espejo de los llamados Planes de Justicia
La discusión sobre esta ley tampoco puede separarse de una experiencia que el propio Estado mexicano ha presentado como uno de sus principales instrumentos de transformación: los Planes de Justicia y Desarrollo Regional.
El INPI los define como mecanismos mediante los cuales el gobierno reconoce a los pueblos como sujetos de derecho público, establece diálogo con sus autoridades y busca atender agravios históricos mediante obras, acciones y acuerdos. Actualmente existen diversos planes para pueblos y regiones indígenas.
Pero precisamente por eso es necesario mirar más profundamente.
¿Puede existir justicia si la reparación no devuelve la capacidad de decidir?
Un camino, una clínica, una escuela, infraestructura hidráulica o un programa social pueden ser importantes. Pero ninguna obra sustituye la restitución territorial, la protección de los bienes comunes, la garantía de la autonomía o el derecho colectivo a determinar el propio proyecto de vida.
La justicia no puede reducirse a una lista de obras.
Tampoco puede depender de la voluntad política de un gobierno en turno.
Porque cuando el Estado presenta como justicia aquello que debería ser un derecho, transforma derechos colectivos en beneficios gubernamentales.
Y cuando una comunidad necesita negociar permanentemente con las instituciones para obtener aquello que le corresponde por derecho, la relación colonial no desaparece: cambia de lenguaje.
Por eso hablamos de falsos planes de justicia cuando la reparación se separa del territorio, cuando las inversiones públicas se utilizan para producir legitimidad política, cuando las demandas históricas son fragmentadas en programas administrativos y cuando el Estado puede presentarse como benefactor mientras las causas estructurales del despojo permanecen intactas.
La justicia no consiste en que el gobierno decida cuánto devolver.
La justicia comienza cuando los pueblos recuperan la capacidad de decidir.
México no está aislado: el mismo conflicto recorre el planeta
Lo que ocurre con esta iniciativa no es exclusivamente mexicano.
Desde las montañas de Mesoamérica hasta la Amazonía; desde los territorios Sami hasta las islas del Pacífico; desde África hasta Palestina; desde los Andes hasta las comunidades del Sudeste Asiático, existe una disputa global por quién decide sobre la tierra, el agua, los minerales, los bosques, la energía y el futuro.
El lenguaje cambia.
En algunos lugares se llama transición energética.
En otros, desarrollo sostenible, infraestructura estratégica, seguridad energética, compensación ambiental, carbono neutralidad, conservación o crecimiento verde.
Pero demasiadas veces el resultado es parecido: territorios comunitarios convertidos en zonas de sacrificio para sostener modelos económicos que benefician principalmente a otros.
Esa es una de las razones por las que desde Espejos del Sur Global entendemos que las luchas territoriales no pueden permanecer encerradas dentro de las fronteras nacionales.
La crisis climática ha demostrado que el despojo de un territorio está conectado con cadenas económicas, financieras y energéticas que atraviesan continentes.
La mina que destruye un territorio está vinculada a cadenas industriales internacionales.
El parque energético que transforma una comunidad responde a mercados globales.
El gasoducto, el puerto, el corredor logístico, la planta industrial o el proyecto de hidrógeno forman parte de redes económicas que cruzan fronteras.
Por eso también nuestra resistencia tiene que cruzarlas.
La AntiCOP 2024, realizada en Oaxaca, reunió a más de 250 personas de 35 países y cinco continentes en torno a una crítica radical al modelo internacional con el que gobiernos y corporaciones pretenden administrar la crisis climática.
Aquello no fue simplemente una reunión alternativa a una cumbre internacional.
Fue la afirmación de que quienes viven en los territorios tienen conocimiento, propuestas y capacidad política para construir respuestas propias.
Desde allí surgió una mirada que después continuó caminando con la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida: unir resistencias territoriales, compartir experiencias, construir solidaridad entre pueblos y enfrentar conjuntamente la crisis climática, el extractivismo, la militarización, la criminalización y la mercantilización de la vida.
La experiencia de la AntiCOP planteó además la necesidad de redes globales, mecanismos autónomos de solidaridad, gestión comunitaria del agua, soberanía alimentaria, recuperación territorial y alternativas construidas desde abajo.
Ese es el horizonte de los Espejos del Sur Global:
mirarnos entre territorios distintos para descubrir que muchas de nuestras heridas tienen el mismo origen.
No para homogeneizarnos.
No para sustituir unas luchas por otras.
No para construir una nueva estructura de poder.
Sino para reconocernos, aprender mutuamente y construir solidaridad entre quienes enfrentamos diferentes expresiones de una misma crisis civilizatoria.
Del extractivismo fósil al extractivismo verde
La discusión sobre los derechos indígenas tampoco puede separarse de la llamada transición energética.
Hoy las empresas y los gobiernos utilizan cada vez más palabras como energía limpia, descarbonización, sostenibilidad y economía verde.
Pero una tecnología puede ser renovable y, al mismo tiempo, reproducir relaciones coloniales.
Un parque eólico puede generar electricidad renovable y afectar un territorio si se impone sin decisión comunitaria.
Una planta de hidrógeno puede presentarse como solución climática mientras demanda enormes cantidades de agua, energía, infraestructura y territorio.
Una mina puede justificarse como indispensable para la transición energética mientras destruye los ecosistemas que sostienen la vida.
Por eso sostenemos:
no existe transición energética justa si los territorios son sacrificados para realizarla.
La crisis climática no puede utilizarse como nueva justificación para acelerar el despojo.
El Sur Global no necesita que el Norte Global cambie combustibles mientras mantiene intactas las relaciones económicas que producen desigualdad.
Necesitamos cambiar las relaciones de poder.
La ley no debe convertir la diversidad en un catálogo administrativo
Otra preocupación profunda es la tendencia institucional a convertir la diversidad de los pueblos en categorías, registros, catálogos y procedimientos.
Registrar puede ser útil para garantizar derechos frente al Estado.
Pero cuando el registro se convierte en condición para que el Estado reconozca la existencia política de una comunidad, el mecanismo se invierte.
El derecho deja de preceder al Estado y pasa a depender de él.
Esto contradice el sentido más profundo de la autodeterminación.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce un conjunto de derechos colectivos vinculados con la libre determinación, las instituciones propias y la relación con los territorios.
México no puede presentarse internacionalmente como defensor de los derechos de los pueblos mientras construye internamente mecanismos que condicionen su ejercicio a la validación administrativa.
El Estado debe reconocer derechos; no fabricar sujetos de derecho.
La verdadera transformación sería devolver el poder
Una legislación verdaderamente histórica tendría que colocar el poder de decisión donde históricamente ha estado la vida comunitaria: en los pueblos.
Tendría que garantizar, entre otras cosas:
— libre determinación efectiva y no solamente declarativa;
— autonomía política, económica, cultural y territorial;
— reconocimiento de las formas propias de organización y decisión;
— protección efectiva de tierras, territorios, aguas, bosques, semillas y bienes comunes;
— mecanismos que hagan vinculantes las decisiones comunitarias sin sobreponer el derecho a la consulta;
— restitución y reparación integral frente al despojo histórico;
— protección para quienes defienden sus territorios;
— participación directa de las comunidades en la administración de recursos destinados a ellas;
— derechos colectivos de las mujeres indígenas y garantías frente a las estructuras patriarcales que atraviesan la propiedad y la vida comunitaria;
— reconocimiento de los sistemas propios de justicia y organización;
— y, sobre todo, la posibilidad real de decir no.
Porque un derecho que solamente permite opinar sobre una decisión ya tomada no es poder. Es participación administrada.
No queremos una nueva forma de indigenismo
Durante siglos el Estado mexicano ha producido distintas maneras de gobernar a los pueblos indígenas: primero mediante la asimilación, después mediante el indigenismo, más tarde mediante políticas de reconocimiento multicultural y ahora mediante el lenguaje de los derechos.
Pero cambiar el vocabulario no necesariamente cambia la relación de poder.
El desafío histórico es mucho más profundo:
pasar de gobernar a los pueblos a respetar su capacidad de gobernarse.
Ese cambio exige que el Estado deje de asumir que puede definir el desarrollo que necesitan los pueblos, las formas correctas de organizarse, los territorios que pueden ser utilizados y las condiciones bajo las cuales pueden ejercer sus derechos.
Los pueblos no necesitan tutores.
Necesitan garantías.
No necesitan administradores de su autonomía.
Necesitan que se respete su autonomía.
No necesitan que se les conceda una identidad.
Necesitan que se reconozca su existencia histórica.
No necesitan planes de justicia diseñados desde arriba.
Necesitan recuperar la capacidad de construir sus propios planes de vida.
Los pueblos ya tienen propuestas
Frente a los discursos oficiales que presentan a las comunidades como receptoras de programas, la experiencia de la Caravana Mesoamericana mostró otra cosa: los pueblos tienen diagnósticos, propuestas, sistemas de organización y proyectos propios.
No llegan con las manos vacías.
Llegan con memoria.
Llegan con conocimientos.
Llegan con sus propias formas de entender el agua, la tierra, el bosque, la alimentación, la salud y la vida.
Llegan con sus propias estrategias frente a la crisis climática.
Por eso la solidaridad internacional que proponemos no es una relación entre quienes tienen recursos y quienes necesitan ayuda.
Es una alianza política entre pueblos y movimientos que se reconocen mutuamente.
No queremos ser salvados. Queremos decidir.
El Sur Global no pide permiso para existir
La iniciativa de ley debe ser discutida desde los territorios y no únicamente desde los escritorios institucionales.
Debe ser analizada a la luz de la historia de despojo que ha marcado a los pueblos.
Debe confrontarse con las obligaciones internacionales de México.
Debe compararse con las experiencias reales de las consultas, los megaproyectos, los desplazamientos, la criminalización de las personas defensoras y los llamados planes de justicia.
Y debe responder una pregunta elemental:
¿quién tendrá la última palabra cuando los intereses del Estado, las empresas y los pueblos entren en conflicto?
Si la respuesta continúa siendo el Estado, entonces no estamos frente a una transformación de fondo.
Estamos frente a una nueva arquitectura para administrar una relación colonial que todavía no ha terminado.
Desde los territorios del Sur Global afirmamos que la defensa de la tierra no es un obstáculo al desarrollo.
La defensa del agua no es atraso.
La autonomía no es una amenaza.
La autodeterminación no es una concesión.
La organización comunitaria no necesita certificación.
Y la vida no puede convertirse en mercancía ni en moneda de cambio para justificar ningún proyecto, por verde, estratégico o nacional que se presente.
La verdadera justicia no se mide por el número de obras inauguradas.
Se mide por la capacidad de los pueblos para permanecer en sus territorios, decidir sobre ellos y construir dignamente su propio futuro.
Por eso, ante cualquier reforma que pretenda reglamentar nuestra libertad, nuestra respuesta debe ser clara:
los pueblos no somos beneficiarios de una política pública.
Somos sujetos históricos, políticos y colectivos.
Nuestros territorios no son zonas disponibles.
Nuestra autonomía no se negocia.
Nuestra autodeterminación no se consulta.
Se respeta.
Desde Mesoamérica hasta los territorios del Sur Global, seguimos encontrándonos en los mismos espejos: distintos pueblos, distintas historias, distintas geografías, pero una misma disputa por la vida.
Y frente a quienes pretenden administrar el futuro desde arriba, seguimos construyéndolo desde abajo.
Por la tierra, el agua, los territorios y la vida.
Por la justicia social y climática.
Por la libre determinación de los pueblos.
¡EL SUR GLOBAL RESISTE!
¡MESOAMÉRICA RESISTE!
Desde las diferentes geografías que integran la iniciativa internacionalista de los Espejos del Sur Global | Mirrors of the Global South, suscribimos:
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT (Oaxaca, Mx)
Asamblea General de la Comunidad Indígena Binnizá de Puente Madera (Oaxaca, Mx)
Asamblea General de la Comunidad Indígena Chontal El Coyul (Oaxaca, Mx)
Asamblea General del Aguaje de la Comunidad Indígena de Jalapa del Marqués (Oaxaca, Mx)
Autoridades tradicionales del pueblo de Vícam Estación y de Pótam Guardia Asunción de María, junto con la Tropa Yoremia de los 8 pueblos de la Nación Yaqui (Sonora, Mx)
Campaña Global «El Istmo es Nuestro»
Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on (Quinta Roo, Mx)
Colectivo Jna Tsjo (Puebla, Mx)
Colectivo Tz’unun Ya’l, Pueblos Mayas (Guatemala)
Comité para la Defensa de los Derechos Indígenas de Oaxaca – CODEDI (Oaxaca, Mx)
Comité para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (Oaxaca, Mx)
Consejo Regional de la Nación Nguiva Ngigua Ngiwa Popoloca (Puebla, Mx)
Deuda x Clima (México)
Ditsö Iriria Ajkönuk Wákpa (Salitre, 1979), Pueblo Bribri (Costa Rica)
Frente Nacional de Pueblos Indígenas – FRENAPI (Costa Rica)
Legado Gaia – LEGAIA (México)
Madera del Pueblo del Sureste (México)
Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente – MODATIMA Wallmapu (Chile)
Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales – MILPA (El Salvador)
Sur Territoria (Wallmapu Global)
