La propuesta obligaría a las plataformas digitales a detectar, reportar y eliminar publicaciones que inciten directamente a la violencia. También contempla medidas de prevención en las escuelas y una mayor vigilancia de los espacios digitales.
El Gobierno de México prepara un decreto para establecer nuevas obligaciones a las plataformas digitales frente a contenidos que inciten a la violencia, luego del ataque registrado el 1 de octubre en una secundaria de Torreón, Coahuila, donde murió la subdirectora del plantel y otras cuatro personas resultaron heridas. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que un grupo interinstitucional trabajará en la propuesta durante la próxima semana.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la medida busca que las empresas tecnológicas detecten, reporten y retiren oportunamente publicaciones y comentarios que inciten directamente a cometer actos violentos. También se establecerían mecanismos de coordinación con las autoridades para identificar posibles amenazas antes de que se materialicen.
La iniciativa será elaborada por un grupo coordinado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo, con participación de las secretarías de Seguridad y Educación Pública, la Agencia de Transformación Digital y el Centro Nacional de Inteligencia. Sheinbaum señaló que también se incorporarán especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional.
Más vigilancia digital y prevención en las escuelas
La estrategia contempla fortalecer el seguimiento de redes sociales, servicios de mensajería y foros digitales para detectar amenazas creíbles, posibles llamados a cometer actos violentos y comunidades vinculadas con el extremismo. Las autoridades también plantean ampliar la investigación en fuentes abiertas para identificar patrones de comportamiento y posibles relaciones entre usuarios.
En las escuelas se reforzaría el programa ABC de las emociones, mediante reuniones con madres y padres de familia, buzones confidenciales para reportar situaciones de riesgo y mecanismos de orientación y acompañamiento para adolescentes. El gobierno también estudia reformas para regular el acceso de menores a redes sociales y establecer mayores responsabilidades para las plataformas.
Sheinbaum explicó que las autoridades han identificado similitudes entre el ataque de Torreón y otros episodios violentos en los que existieron comunicaciones a través de redes sociales. Sin embargo, no presentó información suficiente para establecer qué papel desempeñaron esas plataformas en cada caso.
El desafío: prevenir la violencia sin abrir la puerta a la censura
Aunque el Ejecutivo ha señalado que buscará evitar la censura, todavía no se conocen los criterios específicos con los que se determinará qué constituye una incitación directa a la violencia, quién podrá ordenar el retiro de publicaciones ni qué mecanismos tendrán los usuarios para impugnar una decisión.
La distinción es relevante: una publicación que promueve una agresión no es equivalente a una noticia que documenta hechos violentos, una denuncia ciudadana o una investigación periodística sobre grupos criminales. La futura regulación tendrá que definir sus alcances para evitar que los mecanismos de prevención afecten contenidos legítimos de interés público.
Por ahora, el decreto permanece en preparación. No se han anunciado disposiciones definitivas ni una fecha para su entrada en vigor.
