Días de revuelta, días de combate
POR: JORGE TADEO VARGAS, con información del ejercito de los 12 monos.
Hace unos días apareció – finalmente – la licitación para poner en marcha el plan de remediación que tanto urge en la cuenca alta del Río Sonora, región que aunque los reflectores mediáticos – y de investigación y activismo – se han centrado en la emergencia química ocurrida en el 2014 cuando la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, derramó 40,000 metros cúbicos de solución acidulada de sulfato de cobre al arroyo Tinajas, contaminando con esto toda la cuenca, principalmente la alta y media, la problemática socioecológica en esa región es mucho mayor, pues en sus actividades productivas primarias tienen a la minería, la agroindustria y la ganadería extensiva para las principales, tres actividades que generan graves daños a la salud ambiental, en las que hay que mantener un monitoreo constante por los posibles daños. Esto reconociendo que las políticas impulsadas desde los gobiernos no están buscando como cambiar el modelo de producción-consumo, a lo mucho reformarlo.
Hacer un análisis sobre los alcances de este plan de remediación es un ejercicio que implica una revisión más allá de lo que el gobierno esta presentando en esta licitación, por lo que para entrar a ellos es importante ir revisando algunos puntos que debemos de tener claros.
Primero; hablemos de una realidad, yendo de lo general a la particular: Aunque el documento cumple formalmente con enlistar un marco normativo amplio (LGPGIR, NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, LOPSRM), funciona más como un ejercicio teórico o administrativo apresurado que como un proyecto ejecutivo de ingeniería viable.
Pretender sanear más de 280 km de cuenca minera afectada históricamente en 87 días expone a la SEMARNAT a un fracaso operativo inminente, y a los contratistas a sanciones masivas por incumplimiento de un programa físicamente imposible de cumplir conforme a las leyes de la física, la logística y la química ambiental.
Y esto lo vemos desde una serie de irregularidades legales que se presentan en este documento técnico, que como ha sido costumbre en estos tiempos de cuarta transformación, pareciera que las ocurrencias de los funcionarios son más importantes que cumplir la ley, por ejemplo, de llevarse a cabo el plan de remediación conforme a lo que dice el anexo técnico a la licitación estaríamos viendo Incompatibilidad normativa y plazos materialmente imposibles: El documento se sujeta a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) fijando un plazo de ejecución de tan solo 87 días naturales para caracterizar, excavar, tratar y disponer de 100,000 toneladas de sedimentos distribuidos en 5,945 hectáreas y 288.8 kilómetros de cauce, lo cual contraviene los principios de viabilidad técnica y gestión ambiental.
Por otro lado habría un Traslado indebido de atribuciones de la autoridad: Se licita un “Programa Integral” bajo la premisa de que el contratista privado elabore y proponga el Programa de Remediación definitivo conforme a la LGPGIR, invirtiendo el orden legal donde la autoridad ambiental debe aprobar la caracterización y el programa antes de contratar la ejecución, lo que deja al plan en una inseguridad jurídica que no permitirá que los plazos se cumplan de acuerdo a lo pactado en la licitación. De entrada en términos legales no hay como proceder, a menos que sea parte de una simulación gubernamental.
Ahora, veremos qué impactos socio-ecológicos no están siendo considerados en este anexo técnico que, cabe resaltar, es el documento que tendrá que cumplir quien se lleve la licitación para poner en marcha el plan de remediación:
- Destrucción de miles de hectáreas de ecosistema ripario en el proceso de remoción y desmonte: El plan no evalúa la pérdida irreversible de hábitats y corredores biológicos derivada del despalme y remoción mecánica masiva en más de 5,900 hectáreas de vegetación nativa.
- Ausencia de consulta y participación comunitaria vinculante: Reduce la relación social a una coordinación administrativa superficial. No establece protocolos rigurosos de consentimiento previo, libre e informado para las comunidades afectadas, ni antes, ni después del derrame.
- Riesgo de contaminación hacia fuentes de abastecimiento urbano en la capital: Omite el análisis de los impactos asociados a la resuspensión accidental de jales metálicos hacia el sistema de presas (El Molinito y Abelardo Rodríguez Luján) que abastecen a la región de Hermosillo. No tiene medidas de mitigación y/o adaptación ante posibles accidentes. El principio precautorio lo dejan en el cajón.
- Afectación crítica a la economía agrícola y ganadera: Ignora las repercusiones socioeconómicas directas sobre las actividades productivas locales, los cultivos de riego y el ganado en los valles de Ures y zonas ribereñas durante los frentes de excavación. Si bien, desde los 12 monos pensamos que esta economía debe mutar hacia la agroecología y la ganadería intensiva, este plan dejará graves impactos inmediatos en la economía local.
No hay planes de mitigación o adaptación que estén contemplando los impactos y costos de llevar a cabo un plan de remediación que tiene más pinta de un plan de mejoramiento del paisaje, ocultando así los impactos que se viven en la cuenca alta ¿Qué queremos decir con esto? Que al plan le faltan al menos cuatro puntos importantísimos para hablar de una verdadera remediación integral y que revisando lo que el propio gobierno pone a disposición, brillan por su ausencia.
Estos cuatro puntos mínimos para hablar de remediación ecosistémica integral son:
- Evaluación de Riesgo Ambiental y a la Salud Humana (ERASH): Carece de modelos dosimétricos y toxicológicos específicos para cuantificar el riesgo real de exposición crónica a arsénico, plomo, cadmio y otros metales en las poblaciones locales. Es decir se necesita tener mayor información de los riesgos de salud ambiental en la cuenca alta, que vayan más allá de la emergencia química del 2014 y respondan a necesidades históricas, actuales y del futuro.
- Pruebas de tratabilidad previas y validadas: el anexo técnico presupone un volumen masivo de 100,000 toneladas para estabilización/solidificación sin incluir los resultados de pruebas piloto de tratabilidad que garanticen la inmovilización geoquímica adecuada para los suelos específicos del Río Sonora. Es decir parten de supuestos que no tienen validez científica, ni respaldo para las acciones que se deben de llevar a cabo, dándole mucha libertad al licitador de llevar a cabo el plan de remediación con o nula información.
- Red de monitoreo post-remediación a largo plazo: Omite el diseño y operación de un programa de seguimiento hidrogeológico y superficial multianual para certificar la estabilidad de los contaminantes tras el cierre de las obras. Si 87 días para comenzar y terminar un plan de remediación son pocos, no planear una red de monitoreo deja al proyecto incompleto, de nuevo pensando que lo único que importa es la emergencia del 2014 y no todo un hilo histórico ecológico de la cuenca.
Hay que puntualizar que en el plazo de tiempo de tres meses aproximadamente, no es posible que el licitador/contratista logre caracterizar, delimitar, excavar, tratar mediante estabilización/solidificación, transportar, disponer y certificar un volumen de 100,000 toneladas de suelo y sedimentos repartidos en 5,945 hectáreas a lo largo de 288.8 kilómetros de cauces de ríos (Bacanuchi y Sonora), además de que mover, tratar y procesar un promedio de más de 1,140 toneladas diarias en terrenos de difícil acceso ribereño, bajo frentes de trabajo simultáneos y dependiendo de tiempos de laboratorio (que el propio anexo fija en hasta 15 o 20 días hábiles para los análisis de metales), hace que el cronograma colapse materialmente.
Ninguna ingeniería ambiental convencional puede movilizar y tratar esa escala con la precisión requerida en menos de tres meses.
Estamos ante la crónica de una fallida remediación, que si todo lo dicho anteriormente no fueran suficiente, se presentan factores hidrometeorológicos que obstaculizan aún más llevar a cabo al plan presentado. Hay que tener en cuenta que el fenómeno climático de El Niño está siendo histórico y que irá en aumento, además de que la cuenca del Río Sonora es una cuenca semiárida sujeta a avenidas pluviales repentinas, ejecutar una obra masiva de excavación de sedimentos sin un sistema robusto de desvío de corrientes e ingeniería hidrológica de protección expone a que cualquier evento meteorológico erosione, lave o re-disperse los materiales excavados y acopiados temporalmente, agravando el pasivo ambiental en lugar de remediarlo.
Más allá de la necesidad – que la hay – de un plan de remediación de la cuenca del Río Sonora, históricamente impactada por las actividades antropogénicas, principalmente la minera, la agroindustria y la ganadería extensiva, es importante revisar los aspectos más técnicos de esta licitación que parece tener mayor interés en capitalizar una problemática y legitimarla que actuar sobre ella.
Desde el autoexilio en los bosques de Klatch City
Profesos, traductor, escritor, exactivista, anarquista y panadero casero
