Las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial entraron en vigor el sábado 14 de noviembre, con nuevas sanciones de prisión y multas para combatir la piratería, la falsificación de productos y el uso fraudulento de imágenes y documentos oficiales.
El decreto, publicado el viernes 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes utilicen o imiten, a escala comercial, logotipos, dominios electrónicos, documentos o elementos de identidad gráfica de instituciones públicas con la intención de engañar a la ciudadanía y cometer algún delito.
La disposición busca sancionar prácticas como la creación de páginas falsas que aparentan pertenecer a dependencias gubernamentales para obtener dinero o información de las personas mediante engaños.
Hasta 10 años de prisión por piratería
Las modificaciones también endurecen las sanciones contra la reproducción y comercialización ilegal de obras protegidas por derechos de autor.
Se contemplan penas de cuatro a diez años de prisión para determinadas conductas de piratería a escala comercial, como la reproducción, distribución o venta no autorizada de libros, películas y música.
Asimismo, quienes comercialicen productos con marcas falsificadas podrán enfrentar penas de dos a seis años de prisión.
En el caso de los Libros de Texto Gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la venta no autorizada podrá castigarse con tres a siete años de cárcel.
¿Y qué pasa con los memes y la crítica política?
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma fue la disposición relacionada con el uso de imágenes, logotipos y elementos gráficos de instituciones públicas.
Durante su discusión legislativa, diputados de oposición advirtieron que la redacción podría generar incertidumbre jurídica y abrir la puerta a interpretaciones que afecten la sátira, la parodia y la crítica política.
Por ello, solicitaron incorporar una disposición que excluyera expresamente de las sanciones a los contenidos periodísticos, artísticos y educativos. La propuesta no fue aceptada.
Morena y sus aliados defendieron la reforma bajo el argumento de que las sanciones están dirigidas a quienes utilizan la identidad institucional con fines comerciales y delictivos, no a quienes elaboran memes, caricaturas o críticas al gobierno.
Sin embargo, el texto aprobado no incorporó una excepción expresa para esos contenidos, lo que mantuvo las objeciones de legisladores opositores sobre la claridad de la norma.
Nuevas disposiciones ya son aplicables
Las reformas también establecen que los procedimientos penales iniciados antes de su entrada en vigor continuarán conforme a las disposiciones aplicables al momento de los hechos, salvo cuando las nuevas reglas resulten más favorables para las personas procesadas o sentenciadas.
Su implementación deberá realizarse con los presupuestos ya autorizados, sin asignaciones adicionales.
Con la reforma vigente, el reto será distinguir entre el uso fraudulento de la identidad de instituciones públicas y las expresiones legítimas de crítica, sátira y actividad periodística, un límite que fue motivo de controversia durante su aprobación.






