REDACCIÓN.-
Más de una década después del derrame que contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora, el caso vuelve a la agenda internacional justo cuando los gobiernos federal y estatal han anunciado nuevas acciones de saneamiento, salud y abastecimiento de agua.
El informe de Marcos Orellana, Relator Especial de Naciones Unidas sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de sustancias y desechos peligrosos, documenta una serie de pendientes que permanecen desde el desastre de 2014: contaminación persistente, deficiencias en la atención sanitaria, falta de información y participación efectiva de las comunidades y una reparación que, a juicio del relator, todavía no puede considerarse integral.
Orellana visitó México del 9 al 20 de marzo de 2026 y recorrió, entre otros sitios, la cuenca del Río Sonora. El informe A/HRC/63/27/Add.1 fue fechado el 3 de julio y está dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dentro de su 63 periodo de sesiones que inicia el próximo lunes 07 de septiembre.
El relator reconstruye en su informe la historia posterior al derrame de agosto de 2014, cuando un derrame masivo de lixiviado ácido procedente de las instalaciones de Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, afectó la cuenca del Río Sonora.
En 2014, la Profepa y Grupo México establecieron un fideicomiso para atender las consecuencias del desastre. El mecanismo fue terminado en 2017 bajo el argumento de que las reparaciones correspondientes ya habían sido cubiertas.
Sin embargo, en 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las comunidades afectadas no habían sido convocadas a participar en el convenio administrativo mediante el cual se creó el fideicomiso y ordenó realizar consultas con ellas.
El informe señala que, mediante el Plan de Justicia para Cananea, se establecieron mesas de diálogo con la población afectada, pero sostiene que esas acciones todavía no habían materializado soluciones prácticas suficientes y que las comunidades no habían tenido una participación plena.
El agua: el dato de las 16 plantas requiere una explicación
El informe de Naciones Unidas señala que al relator le fue informado que las autoridades se habían comprometido a construir más de 30 plantas y que solamente 16 “están en pie”. Pero todo indica que esa frase se refiere a que son 16 plantas las que los gobiernos estatal y federal han dicho recientemente que se instalarán.
Sobre este tema, investigaciones académicas sobre la recuperación del desastre muestran una historia mucho más problemática.
Un estudio publicado en 2025, con trabajo de campo realizado en 2023 y 2024, señala que de las seis plantas fijas instaladas después del derrame ninguna funcionaba adecuadamente a finales de 2023. Una de ellas había operado durante ese año, pero fue cerrada temporalmente por problemas relacionados con reactivos, costos de electricidad y adeudos a operadores. Las cuatro plantas móviles, por su parte, permanecían almacenadas y desconectadas.
El mismo estudio encontró que, entre las 33 localidades visitadas, solamente San Felipe de Jesús y San Rafael de Ures contaban entonces con una planta potabilizadora.
El nuevo Plan de Justicia contempla construir 16 plantas potabilizadoras, instalar 16 sistemas de desinfección y adecuar cuatro plantas que ya operan. Pero se trata de infraestructura prevista dentro del nuevo programa, no de 16 plantas actualmente funcionando.
Más aún, durante su visita a Ures del 12 de agosto, la propia secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, reconoció que todavía habría mesas de trabajo para definir con claridad cuántas plantas potabilizadoras y tratadoras se requieren y cómo se atenderá el problema de las descargas.
El hospital ya tuvo su primera piedra
El informe señala como motivo de especial preocupación la falta de atención a la salud de las personas afectadas y pone como ejemplo el edificio abandonado que estaba destinado a funcionar como clínica especializada en toxicología.
Para el relator, esa situación, combinada con la exposición a metales pesados y la falta de transparencia, coordinación institucional y participación efectiva de las comunidades, mantiene vigente la vulneración de derechos.
Pero en agosto el escenario comenzó a cambiar.
El 5 de agosto se colocó en Ures la primera piedra del Hospital de la Región del Río Sonora, como parte del Plan de Justicia. El proyecto contempla atención médica para la región y servicios relacionados con la problemática derivada de la contaminación, incluidos estudios de metales pesados. El gobierno federal informó que la obra deberá concluirse en 2027.
La ceremonia, sin embargo, estuvo lejos de ser un momento de algarabía para la población: no es la primera vez que se anuncia un hospital para atender a los afectados.
Los Comités de Cuenca recordaron que en 2015 también se colocó simbólicamente una primera piedra y aquella obra nunca fue concluida. Por ello, aunque reconocieron el nuevo proyecto como un avance, señalaron que el verdadero reto será que se termine, se equipe y opere con personal especializado.
Activistas y residentes reclamaron la reducción de la capacidad hospitalaria anunciada en enero por la presidenta Claudia Sheinbaum, contrastada con lo anunciado al colocar la primera piedra.
Mientras que en enero se anunció un nosocomio de segundo nivel equipado con 60 camas y un enfoque de hospital-escuela, el arranque oficial de la obra acotó esa capacidad a un total de 32 camas, divididas en apenas 14 censables para hospitalización y 18 no censables para áreas de urgencias y recuperación.
A pesar de este ajuste, el plan definitivo conservó compromisos críticos como la inclusión de especialidades médicas y un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología para monitorear los efectos crónicos del desastre ambiental en los más de 60 mil habitantes de la cuenca.
La diferencia ahora es, en todo caso, que existe una nueva estrategia federal y estatal; pero la prueba pendiente será convertirlo en un servicio médico funcionando, sufiente para toda la población de la cuenca y con un servicio de alta calidad.
Otro plan de remediación
El otro cambio ocurrido después de la visita de Orellana es la puesta en marcha de una nueva fase de remediación.
El 12 de agosto, Alicia Bárcena estuvo en Ures junto con el gobernador Alfonso Durazo para presentar la segunda etapa del programa de remediación de suelos y sedimentos del Río Sonora.
La Semarnat anunció una inversión de 654 millones de pesos para esta fase, cuyos trabajos se programaron para iniciar en septiembre y concluir en diciembre.
La dependencia explicó que los estudios realizados durante los meses anteriores identificaron zonas que requieren intervención y que el proceso contempla el saneamiento y disposición final de los materiales contaminados, además de una etapa posterior de monitoreo.
Bárcena sostuvo que la remediación se realizará con base en evidencia técnica y que las comunidades tendrán acceso a información y participación en el proceso.
Los Comités de Cuenca, por su parte, plantearon dudas sobre la selección de los sitios, la profundidad de los muestreos y la manera en que se dará seguimiento a las zonas intervenidas.
Para Orellana, la respuesta al Río Sonora no puede reducirse a retirar sedimentos contaminados o instalar infraestructura.
En su informe advierte que construir plantas de tratamiento que no sean capaces de enfrentar la carga tóxica de un río contaminado puede resultar insuficiente y convertirse en una “solución falsa” si no se ataca la fuente del problema y no se restaura el ecosistema.
El relator plantea que el Estado debe privilegiar la prevención de la contaminación y la restauración ambiental.
En el caso específico del Río Sonora, también cuestiona la información disponible sobre la calidad del agua. Señala que recibió información según la cual la Conagua no habría realizado determinados análisis de agua, pese a estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México que habían identificado metales pesados en los sedimentos.
Y coloca la salud en el centro del problema.
El Estado, sostiene, debe garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los responsables de violaciones a la legislación ambiental y asegurar una reparación integral para las víctimas.
La nueva etapa, está por verse qué tan nueva
El informe de Naciones Unidas llega a Sonora en un momento distinto al que encontró el relator durante su visita.
En marzo, Orellana encontró una región donde todavía estaban presentes problemas que se arrastraban desde 2014.
En agosto, el gobierno federal anunció 654 millones de pesos para una nueva etapa de remediación; se colocó la primera piedra de un hospital en Ures y se confirmó un programa para construir nuevas plantas potabilizadoras, instalar sistemas de desinfección y rehabilitar infraestructura existente.
El problema es que anunciar y comenzar obras no equivale todavía a demostrar una reparación integral.
La remediación tendrá que comprobar que los contaminantes son efectivamente retirados y dispuestos de manera segura. El hospital tendrá que terminarse, equiparse y proporcionar atención especializada. Y el nuevo sistema de agua tendrá que demostrar que garantiza un suministro seguro y permanente a las comunidades.
También queda pendiente una de las principales exigencias planteadas por el relator: que las comunidades participen de manera efectiva en las decisiones y tengan acceso a la información sobre los trabajos, los recursos y los resultados.
La propia historia de las potabilizadoras muestra por qué ese seguimiento será importante. Décadas de anuncios, modificaciones de proyectos y equipos que terminaron sin operar dejaron una infraestructura muy distinta de la que originalmente se había prometido.
La nueva etapa, por tanto, no borra el diagnóstico de Naciones Unidas.
Más bien coloca al gobierno frente a una oportunidad para demostrar que las observaciones del relator pueden convertirse en acciones concretas.
Porque para las comunidades del Río Sonora, la medida definitiva del avance no será el número de anuncios, presupuestos o primeras piedras.
