La Sección 65 del Sindicato Minero dio a conocer que la Fiscalía General de la República tiene órdenes de presentación en contra de dos de sus integrantes, emitidas con base en denuncias interpuestas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a raíz del cierre de la carretera en Enero pasado.
Así lo expresaron los mineros quienes se manifestaron hoy lunes en las oficinas de la SCT en Hermosillo, donde dieron una conferencia de prensa acompañados por representantes de otras organizaciones sindicales y civiles. Las órdenes de presentación son en contra de Heriberto Verdugo Martínez, delegado del Comité Ejecutivo, y de Antonio Navarrete Aguirre, vocero de la sección 65. Aunque las órdenes tienen fecha de 09 de marzo, los mineros dicen haberse enterado apenas la semana pasada.
“En plena mesa de negociación, en la construcción de un acuerdo de solución amistosa, con el Estado mexicano surge la amenaza, tratando de criminalizar la protesta… Este acto pone en entredicho el diálogo amistoso”, dicen en el comunicado que circuló desde el domingo en la noche. Además de señalar a la SCT, también dicen que el gobierno del estado “proporcionó datos personales y confidenciales para fortalecer las denuncias penales, incluyendo teléfonos celulares, antecedentes penales, datos familiares, etc.” Aseguran que esto consta en los expedientes.
Las mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación iniciaron hace algunas semana en la CDMX y aunque han tenido varios avances, “nos están dando largas”, aseguró Jesus Verdugo Quijada.
El presidente del Comité de Huelga de la sección 65, aclaró además que no fueron 1 o 2 los compañeros que cerraron la carretera, sino más de 300, pero que son 657 mineros y sus familias quienes siguen en pie de lucha. “Llevamos 5,349 días y no se ha resuelto absolutamente nada. No somos inocentes, nos declaramos culpables de salir a manifestarnos, de luchar y querer un Cananea mejor”, dijo Verdugo. ”Ya es mucho tiempo, ya basta de que nos vean la cara, estamos en la mejor disposición de ayudar, pero también de llegar hasta donde dicte la asamblea”.
Hoy por la tarde se tendría una nueva reunión de la comisión negociadora con la Secretaría de Gobernación y dos horas después se ha citado a Asamblea en el recinto del Sindicato. “Dependiendo de los resultados en el encuentro con Gobernación, la Asamblea decidirá las nuevas acciones”, aclaró Verdugo, y agregó que sobre las órdenes de presentación el equipo jurídico del Sindicato ya ha tomado cartas en el asunto.
Adrei Castro Reyes, secretario de la Sección 305, habló en representación de todas las secciones del Estado de Sonora. “Si quieren actuar jurídicamente contra los compañeros, tendrán que actuar sobre todos nosotros, vamos a paralizar Cananea en caso de que se actúe, es un aviso, no es amenaza, estamos unidos todas las secciones, somos más de 800 mineros en el Estado”, puntualizó.
A la conferencia también asistieron la Confederación de jubilados, pensionados y adultos mayores de República Mexicana, La Federación de sindicatos y organizaciones independientes de Sonora, el Representante de la confederación internacional de los trabajadores, así otras organizaciones civiles y académicos.
“En 15 años hemos pasado las de Caín, en Cananea hay falta de agua, hay contaminación, falta de empleo, discriminación, es muy poderoso don dinero, que donde quiera llega y compra. Hay boletines donde no se nos permite trabajar, violentando nuestro derecho al trabajo, a la salud, al bienestar social”, señalo Jesus Verdugo Quijada. “Esperamos que se retiren las órdenes de presentación, si no, pues es posible que la Asamblea decida tomas acciones más subidas de tono”, advirtió.
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Boletín de prensa
La Sección 65 del Sindicato Minero Nacional de Cananea, Sonora, que durante casi 15 años ha buscado la justicia negada por Grupo México y el estado mexicano.
Después del 28 de mayo de 2021, nuestras demandas fueron admitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que por primera vez veríamos una esperanza de solución a nuestro conflicto, pasaron los días, pasaron los meses, y no vimos la voluntad de las autoridades (estado mexicano), en acercarse a nosotros para resolver nuestro conflicto, creíamos que el Plan de Justicia que manejó el presidente de la república mexicana, Andrés Manuel López Obrador, era un plan de justicia en donde todos estábamos incluidos y para sorpresa nuestra, el gobierno de Alfonso Durazo y Luisa María Alcalde (Secretaria de trabajo y previsión social), pretendieron ocultar la solicitud que hiciera la comisión interamericana de los derechos humanos, para dar paso a un acuerdo de solución amistosa, desde luego, este hizo crecer más nuestra inconformidad por el trato recibido, entre las autoridades del estado y el gobierno federal, al ser excluidos del plan de justicia para cananea.
La Sección 65, siempre se conduce, por los acuerdos emanados de nuestras asambleas y fue así como el 17 de enero de 2022, se tomó el acuerdo de manifestarnos en la exigencia de la restitución inmediata de los derechos humanos violentados por el estado mexicano y después de 4 días de protesta pacífica, dio como resultado una mesa de diálogo, encabezada por el propio Secretario de gobernación, Adán Augusto López, por parte del estado mexicano y nuestra representación nacional y local de la Sección 65, dándole seguimiento y admitiendo que hubo graves violaciones a los derechos humanos de los trabajadores.
En plena mesa de negociación, en la construcción de un acuerdo de solución amistosa, con el estado mexicano surge la amenaza, tratando de criminalizar la protesta que se diera para ser escuchados, señalando a Heriberto Verdugo y Antonio Navarrete, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con el apoyo del gobierno del Estado de Sonora, que proporcionó datos personales y confidenciales para fortalecer las denuncias penales, incluyendo teléfonos celulares, antecedentes penales, datos familiares, etc. a pesar de haberlo negado, el gobernador en los medios, se tiene constancia en el expediente que así fue.
Este acto pone en entredicho el diálogo amistoso.
La lucha de la Sección 65, siempre ha sido dentro de la legalidad y la justicia, no aceptaremos humillaciones, tratos indignos o discriminatorios, prohibidos por la constitución.
La Sección 65 exige, la no criminalización de la protesta social en el ejercicio pleno en defensa de nuestros derechos humanos. Señor gobernador Alfonso Durazo Montaño, no contamine más este conflicto, porque no les permitiremos, que sigan violentando sistemáticamente nuestros derechos humanos, y lo responsabilizamos de cualquier represalia en contra de los trabajadores mineros de la Sección 65.
No somos uno, no somos dos, #somos 657 y sus familias luchando por la justicia que nos ha sido negada.
Sección 65 en pie de lucha, no renunciaremos a nuestros derechos humanos, que dicta nuestra Constitución mexicana.
La lealtad es el camino a la victoria.
“Evolución y trabajo”
Por el comité ejecutivo local cjo. loc. de vig. y just. y comité de huelga
