La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales comenzó un curso enfocado en la aplicación del artículo noveno del Acuerdo de Escazú. Este programa está diseñado específicamente para capacitar a los servidores públicos del sector ambiental federal en la atención y salvaguarda de activistas.
La iniciativa cuenta con la colaboración del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También participan la Unidad Coordinadora de Proyectos Prioritarios de la dependencia y diversas agrupaciones civiles.
El objetivo central de las jornadas es consolidar los tres pilares fundamentales establecidos en el tratado internacional. Estos principios abarcan el derecho a la información, el derecho a la participación ciudadana y el acceso efectivo a los mecanismos de justicia en asuntos ecológicos.
Los funcionarios que asistan a las sesiones recibirán instrucción especializada sobre los estándares internacionales vigentes en materia de derechos humanos. Asimismo, analizarán las rutas institucionales de respuesta, los esquemas de prevención y la coordinación entre dependencias ante escenarios de riesgo.
El programa académico contempla la integración de contenidos dedicados a la perspectiva de género para identificar vulnerabilidades específicas de las mujeres. Del mismo modo, se examinarán los contextos particulares y las amenazas que enfrentan las comunidades indígenas en las diferentes regiones del país.
La capacitación se compone de ocho sesiones programadas desde el primero de octubre hasta el diecinueve de noviembre de este año. Durante la inauguración del evento se reiteró el compromiso institucional de pasar del conocimiento teórico a la aplicación práctica de los protocolos de resguardo.
Representantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente señalaron que los acuerdos de transformación requieren un diálogo permanente con la sociedad. Por ello, destacaron que el sector ambiental se ha integrado formalmente al mecanismo de protección federal para aportar información sobre disputas socioambientales.
Las autoridades hicieron un llamado a los participantes para evaluar casos reales del entorno nacional durante las mesas de trabajo. El propósito final consiste en detectar deficiencias en los procedimientos vigentes y perfeccionar de manera integral las herramientas de atención inmediata.
En el desarrollo de los módulos temáticos intervendrán especialistas de agrupaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También se sumarán aportaciones de organizaciones dedicadas a la comunicación y la información de las mujeres.
Con información de SEMARNAT
