Hermosillo, Sonora, 08 de Octubre de 2026.– El Congreso de Sonora aprobó una reforma a la Constitución del Estado que establece las bases para transformar el Sistema estatal de gestión integral de riesgos y protección civil, con la creación de un nuevo Instituto y el reconocimiento de la protección civil como un derecho constitucional.
La reforma contempla, en términos generales:
- Reconocer en la Constitución el derecho de toda persona a la protección civil y a recibir atención ante fenómenos naturales o antropogénicos.
- Crear el Sistema Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
- Crear el Instituto de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil como organismo público autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia técnica, de gestión y presupuestaria.
- Establecer un Consejo Ciudadano y un Consejo Técnico Asesor dentro del nuevo Instituto.
- Dar al Congreso la facultad de designar al titular del Instituto mediante convocatoria pública y con el voto de dos terceras partes de sus integrantes.
- Mantener en el Ejecutivo estatal la conducción y coordinación de la atención ante emergencias y desastres.
- Obligar a los municipios a desarrollar programas de prevención, respuesta y recuperación conforme a los parámetros técnicos y operativos que establezca el Instituto.
- Crear un Fondo Estatal para la Prevención de Desastres durante el primer año de operación del Instituto.
La reforma, promovida por el gobernador Alfonso Durazo, constituye el primer paso para modificar de fondo el modelo de protección civil en Sonora. El propio dictamen establece que, dentro de los 120 días posteriores a su entrada en vigor, el Congreso deberá expedir una nueva Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y realizar las adecuaciones legales correspondientes.
Mientras esa nueva legislación no entre en vigor, continuará vigente la actual Ley de Protección Civil.
Es precisamente en esa legislación secundaria donde quedará buena parte de la definición del nuevo sistema. Durante la discusión en el Pleno se llamó la atención sobre la necesidad de delimitar cuidadosamente las facultades del nuevo Instituto y de la actual Coordinación Estatal de Protección Civil, para evitar duplicidades o contradicciones.
La diputada que planteó el tema señaló que en entidades como Puebla y Chiapas existen modelos con instituciones diferenciadas para la prevención y para la respuesta ante emergencias, por lo que consideró necesario que en Sonora se establezca con claridad qué funciones corresponderán a cada estructura y cómo se distribuirán los recursos.
El señalamiento también puso sobre la mesa el aspecto presupuestal, pues la reforma establece que el nuevo Instituto contará con recursos propios, sin menoscabo de los que actualmente correspondan a la Coordinación Estatal para las tareas de emergencia y recuperación.
De esta manera, la reforma constitucional no define todavía todos los detalles operativos del nuevo esquema. La nueva ley, sus reglamentos y las disposiciones técnicas deberán determinar cómo funcionará el Instituto, qué atribuciones conservará la Coordinación y cómo se coordinarán ambas estructuras.
El cambio se plantea después de años de cuestionamientos al funcionamiento de la protección civil en el estado, particularmente a partir de la tragedia de la Guardería ABC en 2009 y, más recientemente, del incendio ocurrido en Hermosillo en noviembre de 2025.
La aprobación constitucional abre así una nueva etapa: establece la arquitectura general del sistema, pero será en la legislación secundaria donde deberá resolverse cómo se traduce esa arquitectura en prevención, inspección, coordinación, respuesta ante emergencias y asignación de responsabilidades y presupuesto.
Redacción e imagen: Libera Radio.
