- La cancha de futbol no fue suficiente
Luis Enrique Ortiz
Pese a haber quorum, ayer la representante la Procuraduría Agraria de México Leidiana Herrera Ruelas, suspendió la asamblea en la que se elegiría al nuevo presidente de bienes comunales de la isla Tiburón.
Tras denunciar que 16 miembros fueron eliminados del listado de manera ilegal y agregados de la misma forma otros 27, una comisión de inconformes llegó anoche a las puertas del Palacio de Gobierno en la ciudad de Hermosillo, para pedir -mediante rezos y cantos ceremoniales- audiencia al gobernador Alfonzo Durazo y ser escuchados, exponer sus argumentos, pues afirman que desde distintas instituciones federales y estatales se opera para menoscabar sus derechos humanos y agrarios.
Alrededor de las 21:30 horas de anoche, los manifestantes fueron atendidos en la plaza Zaragoza por José Martín Vélez de la Rocha, Coordinador General de CEDIS (Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas) en el Gobierno del Estado de Sonora.
Acordaron establecer una mesa de trabajo hoy por la mañana, con la presencia de las autoridades agrarias y CEDIS y llegar a acuerdos que ayuden a reducir la tensión entre seris, especialmente en la localidad de Punta Chueca donde debió llevarse a cabo la asamblea.
Sin embargo, hoy muy temprano uno de los voceros, Héctor Manuel Monroy, informó que no asistirán a Hermosillo, a menos que reciban la garantía de ser atendidos por el titular del Ejecutivo.
De acuerdo a Leidiana Herrera Ruelas, el procedimiento indica que tras la suspensión de la asamblea de ayer, deberá lanzarse una nueva convocatoria de asamblea electiva alrededor del próximo 15 de septiembre, en la que incluso sí podrían votar los 16 que no aparecieron ayer, pero que son comuneros, la mayoría seris de madre y padre.
La isla tiburón es propiedad de la Nación Comcaac mediante el régimen de bienes comunales y su administración la ejerce un comisariado cuyo presidente puede aprovechar los recursos del territorio insular con amplios poderes y disposición de los recursos, en especial los cinegéticos que generan unos 35 millones de pesos para la comunidad, pero concentrados en el dirigente en turno y que asume la vez el rol de gobernador tradicional.
Se estima que fuera de su territorio la cacería del borrego cimarrón y otras especies endémicas de la isla, puede significar un mercado de unos 30 millones de dólares estadounidenses.
Ayer, en Punta Chueca era evidente la división, situado en la portería poniente de la cancha de futbol, que se encuentra frente al comedor infantil del INPI, del lado derecho y viendo hacia donde sale el sol, estaban alrededor de 170 comuneros.
Del lado izquierdo un número similar de mujeres y hombres seris copropietarios de la isla, los primeros agrupados en torno a la candidatura de José Alejandro Barnett Romero y los otros organizados para impulsar a Francisco Molina Sesma.
Enfrente, los alrededor de 30 comuneros que apoyan al tercero en discordia, Julio César Romero López, quién se negó sistemáticamente a toda posibilidad de alianza con alguno de los otros dos.
La eliminación de comuneros del padrón y la suma que otros en favor de un candidato, fueron parte del proceso, todo indica que apoyado desde el exterior.
Tras cancelar la reunión de hoy, la duda es si las presiones acumuladas no podrían escalar, sobre todo por antecedentes de violencia interna que incluye el uso de armas de alto poder.
También llama a la reflexión la reciente denuncia del presidente del Consejo de Ancianos, Enrique Robles Barnett, en el sentido de que con la complacencia y apoyo oficial, la integridad de su territorio se ve amenazado por la posibilidad de megaproyectos energéticos y complejos turísticos en aguas y tierras comcaác.
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