Conmemorarán 9 años de la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa

A un año de que la actual administración gubernamental concluya sin haber cumplido todavía el ofrecimiento de esclarecer totalmente los sucesos del 26 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa

DECLARAMOS

Este 26 de septiembre de 2023, se cumplen nueve años de evitar que la verdad de lo sucedido entre la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, salga a la luz de manera completa.

Esa fatídica noche, 43 jóvenes normalistas fueron desaparecidos de manera forzada por el estado lo cual, fue reconocido el 18 de agosto de 2022 por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas
Rodríguez quien, admitió, se trata de un Crimen de Estado.

A pesar de ello, y de que el propio Presidente de la República y comandante supremo de las fuerzas armadas, Andrés Manuel López Obrador, dio la orden el 29 de septiembre de 2022 de entregar la información existente en los archivos castrenses sobre el caso, tanto el Ejército como la Marina se han negado de manera constante a hacerlo y crearon múltiples obstáculos al trabajo de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) conformado en acuerdo del gobierno mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo que llevó a los expertos, a retirarse del país el pasado 31 de julio ante la imposibilidad de continuar sus trabajos debido al ocultamiento de la información en manos de las fuerzas armadas pero no sin antes, demostrar con datos duros la responsabilidad del ejército que en complicidad con otras instituciones uniformadas, autoridades civiles y grupos criminales, tuvieron en la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa la noche de Iguala.

Ante la demostración de responsabilidad del estado, la Presidencia de la República salió en defensa tanto del ejército como de la Marina, descalificando al GIEI y señalando a las madres y padres de los normalistas de practicar politiquería afirmando incluso, la existencia de una campaña de ataques político-ideológicos contra las instituciones castrenses y el gobierno de la 4T así, el estado ejecutor del crimen pasó a convertirse en estado protector del mismo.

A ese ocultamiento de información y obstaculización de las investigaciones del caso Ayotzinapa, se suman las constantes amenazas y condiciones de inseguridad dirigidas contra las madres buscadoras de desaparecidos que, organizadas en
diferentes colectivos ante la inacción de las autoridades, se ven obligadas de buscar a sus seres queridos por cuenta propia y con los medios a su alcance.

En tanto, a las fuerzas armadas se les fortalece económica, política y administrativamente, se les dota de más poder y amplían su ámbito de acción, pero, mientras esto sucede, la inseguridad pública crece, el número de feminicidios aumenta, el consumo de drogas y estupefacientes también y el poder de fuego y áreas de control de la delincuencia, se impone.

Luego de intentos gubernamentales por minimizar el número de desaparecidos, el pasado 24 de agosto de 2023, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas dependiente de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer luego de haberlo mantenido oculto, el listado oficial de víctimas de desaparición que la autoridad reconoce en esa condición y que asciende a 113 mil 188 desaparecidos entre el año de 1964 y lo que va del 2023.

Los esfuerzos del GIEI no fueron en vano, con sus trabajos y autoridad, se logró echar abajo la llamada “verdad histórica” con que el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto intentó sepultar el caso Ayotzinapa y evadir el fincar responsabilidades sobre
todo a niveles altos. No en vano, hoy se encuentra bajo proceso el procurador Jesús Murillo Karam, uno de los responsables centrales de esa falsa verdad y aunque también hay algunos otros detenidos, la impunidad ha prevalecido por artimañas del
propio sistema o por las presiones que hasta ahora ha venido imponiendo el poder militar sobre el civil para evitar que la verdad completa de lo sucedido sea conocida, sea ubicado el paradero de los 43 y sea aplicada la justicia a todos y cada uno de los responsables de ese crimen de estado.

La mentira y la impunidad, no tienen por qué seguir siendo la característica respuesta a los reclamos sociales, urge rompamos ese proceder tan naturalizado en nuestro país por ello, exigimos desde esta tribuna, Justicia en el caso de ese otro crimen de estado que cobró la vida de veinticinco niñas y veinticuatro niños en la Guardería ABC de esta Ciudad de Hermosillo, dejó más de setenta criaturas lesionadas que hoy siguen requiriendo atención médica, psicológica y de asistencia social y mantiene la privatización del servicio de guarderías, causa y motivo de lo sucedido.

Reiteramos nuestra exigencia de libertad absoluta para Fidencio Aldama Pérez, perseguido político yaqui por la defensa del territorio y a quien se le ha negado la libertad plena pues, aunque se encuentra fuera de prisión, no existe un documento
legal que reconozca su inocencia ni el fin del proceso penal que se inició en su contra y al que le restan, 7 años de condena.

De igual manera, reiteramos nuestro reclamo por el esclarecimiento total y justicia plena en el caso de los desaparecidos en suelo yaqui el 14 de julio de 2021.

Levantamos nuestra voz para rechazar el desdén de las autoridades ante la denuncia realizada por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora quienes denunciaron la realización de disparos el pasado domingo 10 de septiembre en el entorno de una fosa clandestina a las afueras de Hermosillo y que ellas debían explorar en búsqueda de restos humanos.

A los diferentes colectivos de madres buscadoras de desaparecidos, a las madres y padres ABC, a las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa, les reiteramos que no están solos, que seguiremos levantando nuestra voz como lo hemos venido
haciendo hasta ahora y reiteramos:

¡ABC, NUNCA MÁS!

¡NI PERDÓN NI OLVIDO, JUSTICIA!
¡FUE EL EJÉRCITO, FUE LA MARINA!

¡FUE EL ESTADO, ES EL ESTADO!

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡AYOTZINAPA VIVE, LA LUCHA SIGUE!

Hermosillo, son., a 26 de septiembre de 2023