Luis Enrique Ortiz
Una feliz coincidencia podría abrir una puerta verdadera al retorno pleno de la paz interna a la Nación Comcaac, una nueva forma de atender las demandas de la comunidad de manera incluyente y sin intervenir para mal, está en camino de abonar al logro de estabilidad, crecimiento y desarrollo para más personas seris y con justicia.
La estrategia consiste antes que nada en cortar el suministro de gasolina a la lumbre de los conflictos, no pocas veces avivada desde alguna oscura intriga palaciega, también incluye nuevos negociadores empeñados en el retorno de la tranquilidad para los dueños históricos de la Isla Tiburón, por supuesto también para el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño.
No pocas veces, errores, omisiones o hasta imprudencias por no saber hacer lo políticamente correcto han provocado desde el gobierno yori problemas cuyo efecto es mayor en alguna comunidad indígena y el asunto de la elección del presidente de Bienes Comunales de la Isla Tiburón, es uno de estos casos.
El pasado 15 de julio, hizo crisis la profunda división que existe entre los poco menos de 1500 sonorenses que son también Comcaac, como consecuencia de ello y pese a existir quorum, la Procuraduría Agraria abortó la asamblea electiva convocada al efecto a las 10:00 horas en Punta Chueca a unos 28 kilómetros al noroeste de Bahía de Kino.
Errores, omisiones y hasta oportunismo político de un sector de MORENA y de un par de oficinas de Palacio de Gobierno, añadieron combustible a un conflicto que lleva años sin resolver y tiene que ver con el destino final de los ingresos de la cacería de borrego cimarrón y otras especies endémicas del territorio insular seri.
Sobre la marcha, desde un par de años a la fecha la correlación de fuerzas en las comunidades de Punta Chueca y el Desemboque del Río San Ignacio, se ha modificado varias veces, familias que estuvieron enemistadas por años, de repente se aliaron para fortalecer la oposición al ex presidente de Bienes Comunales, Jesús Félix Segovia.
Esto ha llevado a una fuerte polarización interna entre quienes apoyan al candidato oficial, José Alejandro Barnett Romero y los que se inclinan por el principal aglutinador de la oposición, Francisco Molina Sesma, El Indio.
En este contexto servidores públicos cuyo principal trabajo es alejarle problemas al gobernador Durazo, hicieron lo contrario enviando mensajes políticos que acentuaban la división interna de la etnia.
David Alán Leyva Castillo ha sido designado para encontrar una salida al conflicto antes que éste se salga de control. Es el director de Asuntos Jurídico y Vinculación Social de la Subsecretaría de Concertación Social, de la Secretaría de Gobierno.
La noche del pasado miércoles pactó con el grupo de seris que se dicen excluidos del padrón de comuneros isleños, una mesa de trabajo para el jueves por la mañana y hubo buenos resultados.
Sin embargo, para que estos esfuerzos tras la crisis de Punta Chueca, se traduzcan en paz duradera se va a necesitar mucha disposición al diálogo de al menos las dos partes mayoritarias del conflicto.
La mitad del problema se puede arreglar encontrando un camino legal para levantar una sanción avalada por el Registro Agrario Nacional (RAN) y que provocó que 16 comuneros estuvieran impedidos para votar.
De acuerdo a las autoridades agrarias, el 5 de octubre de 2025 se realizó una asamblea convocada de manera legal en la que se sancionó a 16 comuneros con suspensión de derechos por un año.
Afirman las autoridades agrarias que por esa razón estas personas no podían votar, pero nunca perdieron su calidad de copropietarios de la isla.
La asamblea del miércoles 15 estaba convocada solo para elegir nuevo comisario de bienes comunales, por lo que era ilegal tratar algún otro tema en la misma, de acuerdo a las reglas y normas que la propia congregación se ha dado, pues se trataba de una reunión extraordinaria.
Sin embargo, eso no cierra la puerta para convocar a una asamblea para eliminar la sanción antes del plazo de un año, la cual estaría a cargo de los suplentes de quienes ya dejaron la directiva de Bienes Comunales el pasado 28 de junio.
Estos tienen hasta el 25 de agosto para efectuar dicha asamblea y destrabar uno de los principales nudos que abonan a la división.
La otra mitad del asunto se resuelve reconociendo el derecho de los 27 nuevos comuneros, la mayoría de los cuales, de acuerdo al RAN y la Procuraduría Agraria, iniciaron sus trámites de ingreso desde al menos hace tres años.
De esta manera el padrón aumentaría casi a 400 comuneros, todos con derecho a votar en la próxima asamblea que deberá convocarse a más tardar en 60 días, para la elección del nuevo comisariado de Bienes Comunales, esta vez por tres años.
Así las cosas, al menos deberán hacerse dos asambleas si se requiere retomar de manera pacífica a periodos más largos de estabilidad y prosperidad interna.
La oficina de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas de Sonora, CEDIS, que dirige Martín Vélez de la Rocha redacta la minuta que se pondrá a consideración en breve de quienes exigen ejercer su derecho al voto.
La estrategia inicia con mucha conciliación de parte del Gobierno Estatal, pero requiere que las partes en conflicto cedan cada quien en sus posiciones, inclusión y tolerancia.
De nada sirve un ganador sin tranquilidad, un pueblo con una paz frágil y divido, tiene mucho que perder.
Texto tomado de: https://www.facebook.com/luisenrique.ortiz1
Imagen principal tomada de https://www.facebook.com/VigiliaSonoraMexico
