Hay un punto que no admite matices: la presunción de inocencia no está a discusión. Todo señalamiento, venga de donde venga, debe investigarse con rigor y resolverse con pruebas. Ese es el piso mínimo de un Estado de derecho.
Pero una cosa es respetar ese derecho y otra muy distinta es convertirlo en escudo político automático.
Eso fue lo que ocurrió con el respaldo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en 2024, cuando se le acusó de tener relaciones con el crimen organizado, después del secuestro del Mayo Zambada. El apoyo inmediato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de la presidenta electa Claudia Sheinbaum y de gobernadores de Morena no fue prudencia institucional: fue una toma de posición anticipada.
Porque no se trata sólo de desvirtuar acusaciones invocando la injerencia Trumpista y la teoría del complot marca CIA, como si ocurrieran en el aire.
Sinaloa atraviesa una crisis de seguridad evidente: violencia persistente, disputas territoriales y una percepción de inseguridad en aumento. No es un problema nuevo, ni exclusivo de esta administración, pero tampoco puede ignorarse que no ha sido contenido.
Con las nuevas acusaciones, el respaldo automático podría percibirse no como prudencia institucional, sino como desconexión de la realidad.
Tampoco ayuda la comparación con casos como el de Genaro García Luna. Aquellos hechos, acreditados judicialmente, marcaron un precedente sobre los niveles de corrupción posibles desde el poder. Precisamente por eso, la exigencia hoy debería ser mayor: más cautela, más distancia, más responsabilidad política.
Respaldar sin matices a un gobernador bajo señalamientos, en medio de una crisis de seguridad, no fortalece la institucionalidad: la debilita.
La presunción de inocencia impide condenar sin pruebas, pero el cerramiento de filas, el decretar la inocencia a priori, el rescate moral de los abajo firmantes más que un asunto de soberanía puede interpretarse como que la lealtad está antes que la duda razonable.
No es lo mismo que las viejas “razones de Estado” para evadir la legalidad, pero se le parece.
Que la Ley siga su curso, que se destierre el “estado de chueco”, que la vida pública sea cada vez más pública.
Y que no se alteren cuando la Patria se los demande.
