Los Comités de Cuenca Río Sonora informaron que un juez federal declaró fundada su denuncia por repetición de violaciones a derechos humanos y ordenó dejar sin efectos resoluciones emitidas en febrero de 2026 por SEMARNAT y PROFEPA, con las que se pretendía dar por concluidos programas anteriores de remediación, monitoreo y medidas correctivas.
La resolución no implica la suspensión de los trabajos que actualmente se desarrollan en la cuenca. El nuevo Programa Integral de Remediación Ambiental comenzó el pasado 15 de octubre y contempla acciones de caracterización, muestreo y retiro de suelos y sedimentos contaminados.
El reclamo de las comunidades se centra en la falta de transparencia y de participación efectiva en las decisiones sobre la reparación ambiental. También cuestionan que el Gobierno Federal mantenga bajo reserva el convenio suscrito con Grupo México, relacionado con recursos por más de 2 mil 223 millones de pesos.
Los Comités exigen que se haga público el acuerdo, se acate la resolución judicial y se garantice la participación de las comunidades en las acciones de remediación y en el destino de los recursos.
A continuación, reproducimos íntegramente su comunicado:
Río Sonora: Mientras el Gobierno Federal se empecina en ocultar el pacto con Grupo México, un juez ordena frenar la simulación de reparación ambiental
- Un juez federal declaró fundada la denuncia de repetición de violaciones a derechos humanos a las comunidades, y ordenó anular de inmediato las resoluciones de SEMARNAT y PROFEPA que pretendían cerrar de forma unilateral los programas de remediación.
- La resolución judicial confirma lo denunciado por las comunidades en su informe de aniversario del desastre: “La simulación como política pública”(1), al demostrar que el Gobierno Federal sustituyó la reparación por una apariencia de legalidad.
- Bajo la figura de “inexistencia administrativa”, la Secretaría de Gobernación mantiene bajo secreto el nuevo convenio firmado a puerta cerrada con la empresa minera.
Río Sonora, 28 de octubre del 2026
El Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dictó una resolución en el caso Río Sonora, al declarar fundada la denuncia de repetición de violaciones a derechos humanos presentada por los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), por lo que resolvió de manera contundente que las autoridades ambientales del Gobierno Federal están incurriendo de forma idéntica en los mismos vicios de inconstitucionalidad por los que la población fue amparada originalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)(2): la falta de transparencia y la exclusión de las comunidades en los mecanismos de reparación integral.
A través de este fallo, el juez federal ordenó dejar inmediatamente sin efectos las resoluciones de febrero de 2026, mediante los cuales la SEMARNAT y la PROFEPA pretendían dar por concluidos, de forma unilateral y arbitraria los programas de remediación, monitoreo y medidas correctivas de las zonas afectadas. El órgano jurisdiccional determinó que las autoridades no valoraron efectivamente las manifestaciones ni las pruebas técnicas aportadas por las víctimas, reduciendo la intervención comunitaria a un acto meramente formal.
Esta resolución respalda de manera contundente las denuncias históricas de los habitantes del Río Sonora, al confirmar legalmente que las dependencias ambientales están cometiendo exactamente el mismo abuso del pasado. El fallo judicial deja claro que para garantizar el derecho humano a la participación informada no es suficiente con que el Gobierno organice reuniones o realice mesas de diálogo simuladas donde la gente solo se exprese; la verdadera obligación de las autoridades es revisar a fondo, analizar y tomar en cuenta las propuestas y pruebas técnicas de las personas afectadas antes de adoptar cualquier decisión trascendental en el territorio.
La resolución legitima la narrativa de las comunidades plasmada en su reciente informe de aniversario titulado “La simulación como política pública: 12 años sin reparación en el Río Sonora”. El fallo confirma que el Estado mexicano ha sustituido la reparación efectiva de los daños por un simulacro burocrático, mientras en la cuenca persisten la contaminación hídrica, la exposición crónica a metales pesados y el riesgo sanitario para la población.
Esta misma dinámica se mantiene en el terreno político actual, pues la resolución cobra relevancia crítica en un momento en que el Gobierno Federal mantiene bajo estricto secreto el nuevo convenio económico celebrado con Grupo México, una cuestión que ya está siendo revisada ante los tribunales de amparo por violar nuevamente los derechos a la información y participación efectiva.
El 23 de diciembre de 2025, las autoridades anunciaron un “Plan de Justicia” derivado de un acuerdo financiero con la empresa responsable del peor desastre ambiental en la historia de la minería en México. Sin embargo, mientras en las conferencias matutinas presidenciales se presumió como un logro histórico, se reportaron los primeros pagos por 500 millones de pesos y se prometió transparentarlo(3), en la vía legal el Estado opera en la clandestinidad.
Ante las solicitudes de información pública formuladas por las comunidades para conocer su contenido, la Secretaría de Gobernación(4) y la plataforma Transparencia para el Pueblo(5) respondieron declarando la “inexistencia administrativa” del documento.
Ocultar este nuevo acuerdo (que involucra la dispersión de más de 2,223 millones de pesos) reproduce la misma inconstitucionalidad que la SCJN declaró a favor de las comunidades en el Amparo en Revisión 640/2019, cuando sentenció que no se pueden tomar decisiones de remediación a puerta cerrada con el gigante minero y a espaldas de las víctimas.
No puede existir justicia basada en el secreto, la impunidad corporativa y el desacato judicial, pues pactar sin transparencia condena a los habitantes a seguir padeciendo los daños acumulados de más de una década de contaminación hídrica y afectaciones graves a la salud que ninguna autoridad ha querido frenar de raíz.
Por estas razones, tras el nuevo freno judicial a las autoridades ambientales, los Comités de Cuenca Río Sonora, exigimos:
- La entrega inmediata y pública del texto íntegro del convenio celebrado entre el Gobierno Federal y Grupo México, incluyendo todos sus anexos técnicos y financieros, eliminando cualquier cláusula de confidencialidad.
- El acatamiento inmediato e integral del fallo del Juez Cuarto de Distrito y el pleno respeto al fallo de la SCJN, garantizando la participación directa, activa y vinculante de los CCRS en cualquier plan de remediación y destino de los fondos.
- El cese inmediato a la política de opacidad institucional que revictimiza a nuestras comunidades y perpetúa la impunidad de la empresa responsable.
El Río Sonora tiene memoria. No permitiremos que un acuerdo confidencial reemplace la justicia y la salud que por derecho nos pertenecen.
¡Justicia para el Río Sonora!
Comités de Cuenca Río Sonora
1- https://comitescuencariosonora.wordpress.com/wp-content/uploads/2026/08/rs12_lasimulacioncomopoliticapublica.pdf
2- https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/sentencias-emblematicas/sentencia/2021-10/AR%20640-2019.pdf
3- https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-de-la-presidenta-claudia-sheinbaum-pardo-del-13-de-febrero-de-2026
4- https://www.facebook.com/share/p/1Gz3oePVpT/
5- Transparencia para el Pueblo, Resolución de Recurso de Revisión dictada en el Expediente SEGOB2608524, en el folio 340026200056326, 05 de Agosto de 2026.
