- Los afectados por la contaminación los reciben con desesperanza, acusan simulación, opacidad y les reclaman participación
REYNA HAYDEE RAMÍREZ
URES.- Han pasado doce años de que Grupo México derramó 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, sin hacerse responsable de remediar el daño al agua y al suelo que siguen contaminados. Esta semana, el gobierno federal anunció que por fin a partir de septiembre de este año, empezarán a retirar el suelo afectado.
“Ya estamos listos, ya tenemos los recursos para la remediación del río Sonora”, en total 654 millones de pesos, anunció Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en Ures, el miércoles 12 de agosto.
¡Sí, por fin!, ha sido la lucha eterna”, dijo Bárcena, aliviada, ante el aplauso de funcionarios públicos estatales y federales, que eran la mayoría de los asistentes, alrededor de cien junto con los representantes de los comités de Cuenca.
La intención, explicó, es hacer una remediación real del suelo que sí está contaminado con metales pesados, como comprobaron con las muestras que recogieron el 11 y 12 de febrero y del 28 al 30 de abril de este año.
“Con estas muestreos que ya se han hecho, podemos concluir que hay concentraciones superiores a los limites máximos para uso del suelo agrícola, de arsénico, de cadmio, de plomo y de valadio; ustedes ya nos lo habian dicho, pero ahora está comprobado”, reveló.
Además, agregó, en la parte baja de la cuenca del río se encontró cromo y talio.
Cadmio, plomo, arsénico, valadio, cromo y talio, son los metales pesados asentados aún en los cauces de los ríos Sonora y Bacanuchi y “esos son los metales que hay que limpiar” a partir de septiembre para terminar en diciembre de este 2026, en estricto cumplimiento a las legislación y disposiciones aplicables, externó la titular de Semarnat.
Bárcena agradeció a los integrantes de los comités de Cuenca, por su disciplina, organización, capacidad de diálogo y lucha legal, porque con ello mantuvieron la exigencia y demanda de justicia siempre en la agenda pública.
Y eso prácticamente les agilizó el trabajo a ellos, cuando en noviembre del 2024 se hicieron cargo del tema, dijo, al mencionar las ocho reuniones con ellos, incluso su acompañamiento como observadores en la toma de muestras
. Los Comités de Cuenca estan conformados por los habitantes de los municipios de Arizpe, Banamichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y la zona rural de Hermosillo. Desde 2014 emprendieron la lucha legal y social, contra Grupo México y el gobierno federal, para garantizar atención médica especializada y la descontaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi y el agua de sus pozos.
Acusan simulación, opacidad, reclaman participación
“No se pueden hacer planes de remediación tomándonos como espectadores. No lo aceptamos, ni para el sector ambiental ni para el sector salud, la participación no es informar sobre decisiones ya adoptadas”, reclamaron en un comunicado leído en el evento, al que fueron los únicos invitados.
“De los doce años del derrame, nuestros pueblos le han otorgado ocho años de espera a este proyecto de Nación que ustedes representan, lo que hemos recibido es una falta de coordinación institucional, que nos envían de una oficina a otra, sin que nadie tenga capacidad de delinear acciones claras”.
“Profepa, Conagua, IMSS Bienestar, Segob, Secretaría de Salud, Gobierno de Sonora, Cenaprece, IMTA, Inecc, todas participan, ninguna ah asumido verdadera responsabilidad para mitigar los daños”, puntualizaron en el comunicado.
Reclamaron que el plan de remediación ambiental se los niegan aún cuando lo han solicitado por Transparencia, incluso aún cuando se comprometieron a publicarlo en el Diario Oficial de la Federación.
“No existe un plan con validez oficial ni compromiso más allá de los funcionarios en turno, ¿Quién decide sobre nuestro territorio?
Para que puedan hablar de que dan participación a las comunidades se requiere que:
La Semarnat instruya a la Conagua a entregarles los anexos técnicos y documentos que sustentan las decisiones adoptadas en relación a la construcción y operación de plantas potabilizadores en la región.
Que rectifiquen la decisión de construir sólo 16 plantas potabilizadoras, el compromiso en 2014 fueron 39.
Que la Semarnat les formalice la entrega del Programa Integral de Remediación y Restauración del Río Sonora, y se publique en el Diario Oficial de la Federación, como se comprometieron en mayo del 2025. ¿De que otra manera se les podrá exigir que lo cumplan?
A la Secretaría de Gobierno le exigen “una respuesta firme de si existe o no existe un convenio con Grupo México, como lo afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 19 de febrero. Eso es opacidad.
La coordinación con las comunidades no puede depender de la buena voluntad de los funcionarios en turno. Se requiere un acuerdo con validez jurídica.
Mesas de trabajo con planes reales y reparación integral, no con promesas.
Los Comités de Cuenca reclamaron haber caído en un ciclo que se ha repetido en las 28 ocasiones que se han reunido con las autoridades federales.
“El patrón es claro: Las autoridades escuchan nuestras exigencias, hacemos acuerdos, se firman minutas. En el siguiente espacio las autoridades evitan hablar de los acuerdos previos y presentan nuevos panes que contienen menos protecciones para los pueblos”.
En el evento en una céntrica calle de Ures, después de que hablaron seis funcionarios, que se deshicieron en halagos para los comités de Cuenca, se les dio un espacio para quien quisiera hacer preguntas.
¿Por qué nos ocultan el convenio entre el gobierno federal y Grupo México?
¿Cómo va la demanda de la Semarnat contra Grupo México, donde se estimaron los daños a remediar en 20 millones de pesos?
¿Tienen un plan de prevención a la salud de los niños del río Sonora?
¿Alcanzarán los 500 millones de pesos?, ¿Por qué plantas de coliformes, si los que nos está matando son los metales pesados?
¿Por qué 16 potabilzadoras, ¿Quién si va a tomar agua sin metales pesados y quién con metales pesados?
¿Por qué Grupo México no paga los gastos de la salud, la contaminación del suelo y el agua mientras esté en Cananea?
Mientras se construye el hospital, ¿Hay un plan de Salud para atender a los que ya están enfermos?
¿Por qué no mencionan las garantías de no repetición?
¿También se van a identificar y contener otras fuentes de contaminación que llegan al río Sonora?
Los primeros 30 kilómeros de la Cananea se contemplan
¿Están enterados de que en Hermosillo hace unos días fue necesario detener la planta potabilizadora en Hermosillo porque la lluvia arrastro mucho sedimento de la presa El Molinito?
¿Y por qué no se hizo un hospital en la parte alta del río?
¿El centro de Salud que está en Aconchi puede hacerse de un primer nivel?
¿Y cómo se van a endurecer las leyes contra las mineras ecocidas?
¿Y porqué Grupo México no procesa y usa aguas residuales?
Además pidieron vigilar los bebederos en las escuelas para proteger a los niños y reactivación económica de la zona que continúa con el estigma de que sus productos están contaminados.
Ofrecen limpiar río sin atajos ni improvisaciones
Alicia Bárcena, titular de Semarnat, trató de responder las preguntas, pero algunas quedaron pendientes, como la demanda contra Grupo México, y les aseguró que la contaminación del río Sonora es prioridad en el gobierno federal y lo atienden bajo los principios del Acuerdo internacional de Escazú.
“No habrá atajos, no habrá improvisaciones, cada intervención está sustentada técnicamente y orientada a reducir los riesgos ambientales, porque la remediación no sólo significa intervenir un sitio, significa verificar, intervenir, dar seguimiento”, destacó la funcionaria.
En diciembre, ofreció, les presentarán un informe a los comités de Cuenca de los resultados.
“Queremos devolverles justamente ese derecho a vivir en un ambiente sano. Nuestra brújula en Semarnat es el acuerdo de Escazú, un acuerdo que habla de acceso a la información plena, con pleno derecho, segundo acceso a la participación y tercero a la justicia ambiental, porque no puede haber justicia social sin justicia ambiental”, aseguró Barcena.
Arturo Gavilán, director general de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat, informó que la cuenca del río se dividió en tres zonas y en ellas ya identificaron 32 polígonos y que es donde removerán y retirarán el suelo impactado.
“Una de las observaciones de cuando hay corrientes del río, es que los contaminantes se quedan en zonas específicas donde se acumula el material, no necesariamente en toda la continuidad del río.
La remediación inicia con 500 millones de pesos, pero si es necesario cuentan con otros 154 millones de pesos y buscarán más recurso si una vez que se limpie continúa la contaminación, porque la ley los obliga a continuar con la remediación, hasta llegar al fondo de los niveles de cumplimiento.
“Esos 500 millones de pesos, hemos hecho un análisis de que podrían ser suficientes para remover todo el material que se ha encontrado acumulado en esas zonas”, indicó.
Toda la información será publica, dijo, como el plan que de remediación, que les presentarán y que está basado en un análisis de las cinco mil muestras que se han tomado desde que ocurrió el derrame.
Destacó que haber llegado al día de hoy, es un logro de las comunidades y no se removerá una sola piedra de la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi, sin cruzar información con ellos, a través de los comités de Cuenca.
“No serán solo reuniones informativas, desde las áreas técnicas, para que puedan hacer aportaciones adicionales, de todo lo que se va a realizar en la zona”, aseguró.
En su comunicado, los Comités de Cuenca respondieron:
“Su visita nos encuentra con poca esperanza”.
Derrame histórico
El 6 de agosto del 2014 ocurrió el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, de una pileta de lixiviados de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, propiedad de Germán Larrea. El gobierno federal lo calificó entonces como el desastre ambiental más grande del país y el mundo.
El dictamen técnico que realizó la Conagua en 2014 indica que el derrame alcanzó 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del rio Bacanuchi, 190 kilómetros del río Sonora,y el cierre precautorio de la presa El Molinito. Lo que afectó a los ocho pueblos aledaños al río, Bacoachi, Arizpe, Banamichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Báviacora y Ures, además de Cananea que fue el origen y Hermosillo, la capital.
La empresa notificó al gobierno federal por teléfono el 8 de agosto y formalmente el 12 de agosto del 2014. Y aunque hubo un reconocimiento inicial y creó un fideicomiso con cerca de 2 mil 500 millones de pesos. No se remedió el daño, ni se atendió la salud de la gente afectada, de la que sólo se reconocieron 300 casos.
