Hermosillo, Sonora, 03 de Junio de 2026.- Integrantes de Conservando los Valores de Familia (Covafam) convocaron a organizaciones sociales, colectivos y ciudadanía en general a participar en una marcha el próximo martes 9 de junio, en medio de una protesta que ya suma 44 días de toma del Congreso del Estado y 14 días de huelga de hambre de su asesor jurídico, Jorge García Ramírez.
Durante una conferencia de prensa realizada en el campamento instalado en las afueras del Poder Legislativo, las representantes del movimiento señalaron que la movilización partirá a las 18:00 horas desde Emiliana de Zubeldía hacia Palacio de Gobierno, donde esperan reunir a diversos sectores que, aseguran, también mantienen demandas sin atender por parte de las autoridades.
Guadalupe Villalobos López, representante de Covafam A.C. y de la Asociación Nacional de Estancias Infantiles, afirmó que la marcha busca visibilizar no solo la situación de la educación inicial, sino también otras causas ciudadanas relacionadas con jubilados, estudiantes, ejidatarios y organizaciones sociales.
“Es momento de salir y alzar la voz porque tenemos que ser escuchados”, expresó.
La protesta de Covafam inició el pasado 20 de abril con la toma simbólica del Congreso del Estado. Posteriormente, el movimiento escaló sus acciones al iniciar una huelga de hambre para exigir atención a sus demandas relacionadas con la educación inicial y el cumplimiento de resoluciones judiciales vinculadas a recursos para estancias infantiles.
Uno de los temas centrales de la conferencia fue el estado de salud del abogado Jorge García Ramírez, de 81 años de edad, quien este miércoles cumplió 14 días en huelga de hambre.
De acuerdo con Covafam, García Ramírez inició la protesta con un peso de 77.75 kilogramos y actualmente registra 70.9 kilogramos, lo que representa una pérdida cercana a los siete kilos. Las integrantes del movimiento señalaron que continúa presentando niveles bajos de glucosa, desgaste físico y episodios de presión arterial alterada.
Pese a ello, aseguraron que el litigante mantiene firme su decisión de continuar con la protesta y permanece bajo monitoreo médico constante. En semanas recientes, diversas organizaciones sociales, sindicales y religiosas han manifestado su respaldo al abogado, entre ellas el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) y el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal.
Las voceras también reconocieron que el movimiento enfrenta dificultades económicas para sostener los centros de educación inicial afiliados, por lo que anunciaron el inicio de una rifa solidaria con la que buscan recaudar recursos.
Explicaron que el primer premio será una obra pictórica donada al movimiento y que los boletos tendrán un costo de 100 pesos. Lo recaudado, indicaron, será destinado al funcionamiento de los centros educativos para niñas y niños de cero a seis años de edad.
Respecto al debate sobre la aplicación de la Ley 5 de Junio y las inspecciones de Protección Civil, tema que ha cobrado relevancia tras el incendio ocurrido en una tienda Waldos en Hermosillo y las recientes propuestas de reforma impulsadas por el Gobierno de Sonora, Covafam aseguró que no se opone a la legislación ni a los mecanismos de supervisión.
Las representantes señalaron que respaldan plenamente la Ley 5 de Junio, surgida tras la tragedia de la Guardería ABC, pero sostienen que su naturaleza jurídica fue diseñada para regular guarderías y no escuelas de educación inicial.
Por ello, consideraron necesario crear una regulación específica para estos centros educativos dentro del nuevo modelo de gestión de riesgos y protección civil que actualmente analiza el Gobierno del Estado.
“Queremos regulación y queremos que se cumpla”, señalaron las voceras, quienes afirmaron que las estancias afiliadas al movimiento han cumplido históricamente con los requisitos de protección civil y continúan en procesos de actualización.
Mientras tanto, Covafam reiteró su llamado al gobernador Alfonso Durazo y al Congreso del Estado para instalar una mesa de diálogo que permita resolver un conflicto que se acerca a los dos meses de movilizaciones y que mantiene la atención pública debido al estado de salud del abogado que encabeza la huelga de hambre.
